En febrero del año pasado dos titiriteros que actuaban en el carnaval de Madrid fueron encarcelados por enaltecimiento del terrorismo. Pasaron varios días entre rejas y, casi un año después, la causa abierta contra ellos fue definitivamente archivada. Casi un año pendientes de las decisiones de los tribunales para saber si tendrían que ir a juicio. Por una inofensiva obra de marionetas.
En octubre de 2016, durante las fiestas de la localidad navarra de Altsasua, un grupo de jóvenes se enzarzó en una pelea, de madrugada, con varios guardias civiles de paisano, a la salida de un bar. Detuvieron a ocho de ellos y la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (la misma que ha enviado a la cárcel a nueve (ex)consellers de la Generalitat) decretó prisión preventiva incondicional por delitos de terrorismo. La fiscalía solicita entre 50 y 62 años de cárcel. Llevan casi un año entre rejas, sin fecha aún para el juicio.
Hoy doce raperos del colectivo La Insurgencia declaraban también ante la Audiencia Nacional, acusados de enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones. La fiscalía pide dos años y un día de cárcel para cada uno de ellos.
Desde el 16 de octubre los líderes de las entidades catalanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión preventiva, decretada por la jueza Lamela (esta tarde la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación presentado por sus abogados), acusados de sedición por las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre, que convocaron como respuesta a los registros policiales en dependencias de la Generalitat y la detención de varios cargos políticos y técnicos por su implicación en la organización del referéndum por la independencia del 1 de octubre.
Ayer la jueza Lamela, a instancias del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, envió a prisión a nueve de los consellers depuestos por el gobierno español como consecuencia de la aplicación del artículo 155 (hoy ha quedado libre uno de ellos, Santi Vila, quien dimitió antes de la declaración de independencia, bajo fianza de 50.000 euros). Están acusados de rebelión, sedición y vaya a saber usted qué más cosas terribles. El president Carles Puigdemont y otros cuatro consellers no les acompañaron porque están “refugiados” en Bruselas, a la espera de que se resuelva la orden de búsqueda y captura internacional que hace un rato ha cursado la misma jueza. Seguir leyendo «Yo ya no sé qué tiene que pasar»
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