Cada vez me cuesta más confiar en la política institucional. Cada vez me cuesta más creer que los partidos políticos (buena parte de ellos nido de auténticos vividores de lo público) tienen entre sus prioridades la construcción de una sociedad más justa, el fin de los abusos del poder, el bienestar de las capas de población más desfavorecidas.
Y sí, soy consciente de que el discurso de «todos los políticos son iguales» es peligroso y, probablemente, injusto. Pero es que la realidad es tozuda, y, aunque haya políticos honestos, personas que no pretenden medrar ni hacer del politiqueo un medio de vida, sino que realmente creen que desde el institucionalismo se pueden (y deben) solucionar los problemas de la gente con verdaderos problemas, la observación y la experiencia me dicen que el reformismo es tan exasperantemente lento que para poner remedio a situaciones de emergencia lo único que vale es la acción directa.
Sí, esa que el sistema, con el asentimiento de la gente de orden (de la ideología que sea), nos vende como inadmisible, pues atenta contra el estado de derecho y toda esa palabrería que sólo hace que proteger a quienes llevan siglos pisoteando a su conveniencia el tal estado de derecho.
Acción directa. La ciudadanía marcando el paso, asumiendo la supuesta responsabilidad de las instituciones que, sepultadas bajo toneladas de burocracia e intereses oligárquicos, han dimitido de sus funciones.
Os voy a hablar de dos ejemplos que, desde mi punto de vista, corroboran este planteamiento. Y gracias a que existen, estos y otros, porque sólo así se explica que no haya saltado ya todo por los aires. Seguir leyendo «Cuando la acción directa es la única esperanza»
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