En el 78º Año Triunfal, el excelentísimo gobierno de la gran Nación Española ha aprobado en las Cortes Generales, gracias a una mayoría aplastante e incontestable que emana de la voluntad de todos los españoles de bien, la Ley de Seguridad Ciudadana. La nueva ley, inspirada en los sagrados fundamentos del régimen, devolverá a nuestra Patria Imperial a la senda de orden y rectitud que despreciables hordas de rojos y masones han amenazado de forma cobarde y traicionera desde que el Glorioso Caudillo ascendiera a los Cielos.

En su… No puedo. Me había propuesto escribir todo el artículo emulando a los noticiarios franquistas, el NO-DO que los actuales ministros tanto añoran, pero no soy capaz. Yo no descartaría que el Telediario de Televisión Española acabe recuperando esa bonita careta de entrada. Total, si sólo lo ven ellos.

Ayer fue otro día funesto para la democracia española. El rodillo del PP aprobó la Ley Mordaza con el objetivo de criminalizar, aún más, las protestas ciudadanas; de meternos el miedo en el cuerpo; de dejarnos bien claro que ellos son quienes mandan, quienes tienen la razón y quienes cuentan con el servicio de las fuerzas represoras, a las que nunca les tiembla el pulso para hacer cumplir la ley y mantener el orden. Todo bien tranquilo y limpito, que los grupos de gente protestona afean mucho la calle.

No voy a enumerar las limitaciones de derechos que acarreará la entrada en vigor de la ley (a la que únicamente le queda superar el trámite del Senado). Podéis consultarlas en montones de webs, como ésta… Lo que está claro es que bebe de aquellas normas a prueba de vagos y maleantes que hacían de España un erial para la agitación social. Todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos la critican, e incluso organismos internacionales, como la propia Comisión Europea.

Y es que este gobierno “amante” de la democracia ha aprovechado para añadir al redactado de la ley, como quien no quiere la cosa, la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente”, esa práctica tan respetuosa con los derechos humanos que consiste en devolver (apaleadas) a Marruecos a las personas que intentan entrar en España a través de la valla de Melilla, pasándose por el forro la legalidad internacional y el respeto a la dignidad humana. “Que me den sus direcciones y les enviamos a esa pobre gente”, decía ayer el ultraderechista ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, devoto servidor de Dios y de todos los santos, en respuesta a quienes critican la forma de actuar de la policía fronteriza. Un alma muy caritativa. Seguro que da limosna cada día al salir de misa al pobre que pide a la puerta de la iglesia.

El día anterior el PP puso en marcha el portal de la transparencia, toda una declaración de intenciones, digna de reconocimiento, sin duda, si no fuera porque el deseo que tienen de ser transparentes no pasa de la anécdota. Los medios de comunicación llevan dos días discutiendo sobre lo incomprensible que resulta que el presidente y sus ministros cobren menos que muchos de sus subordinados. Les ha faltado tiempo a los perros falderos del régimen para salir a reclamar subida de sueldo para ellos. Pobrecitos, que están muy mal pagados. Eso sí, no he escuchado a ninguno de esos fieles servidores hablar de dietas ni de (sobre)sueldos del partido en A y en B.

En fin, que lo que tenía que ser una herramienta para que la ciudadanía conozca al detalle en qué gasta su dinero la administración, está sirviendo para poner de manifiesto la precariedad salarial de nuestros gobernantes… “País”, que diría Forges.

Paralelamente a la entrada en vigor de la Ley de la Transparencia, la mayoría parlamentaria del partido nostálgico del NO-DO ha tumbado varias iniciativas que, precisamente, perseguían arrojar luz sobre temas que se mantienen convenientemente entre las sombras. A saber, la comisión de investigación sobre la salida a bolsa de Bankia, otra sobre corrupción, una petición para que en el Consejo de la Transparencia participen todos los grupos parlamentarios, y una moción en el Senado para reparar a las víctimas del franquismo, tal y como ha insistido reiteradamente la ONU en los últimos meses. “Que no”, ha sido la respuesta a todo. Especialmente “brillante” la justificación del senador Alejandro Muñoz a por qué no es necesaria una comisión de la verdad: “No hemos hecho comisión de la verdad ni falta que nos hace. Me acuerdo de la novela de Orwell, 1984, que creaba un ministerio de la verdad. En las democracias no hay verdades oficiales, cada uno expone lo que le parece oportuno. En estas cuestiones la verdad la exploran los investigadores”. Y se quedó tan ancho.

En fin, que digo yo que habrá que celebrar que volvemos a vivir en un país transparente y seguro.