Hablar de corrupción no es nada original. Todos los medios de comunicación y las redes sociales van repletos de casos de políticos y empresarios (presuntamente) corruptos. No voy a entrar a analizarlos porque son sobradamente conocidos y no dispongo de información extra. Pero sí que voy a escribir sobre lo que conozco.

Durante casi seis años estuve trabajando en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, de modo que, lógicamente, tuve un contacto muy cercano con la alcaldía y el resto del equipo de gobierno. A menudo tenía que redactar notas de prensa sobre temas trascendentes para la ciudad desde un enfoque con el que no estaba de acuerdo, pero era consciente de que debía informar desde el punto de vista que interesaba al gobierno municipal. Siempre eran informaciones ciertas, pero a veces tenía que «maquillarlas» o «edulcorarlas» si se trataba de un tema negativo para el municipio pero no se podía «enfadar» al socio de gobierno (había y sigue habiendo un pacto PSC-CiU), del mismo partido que el que mandaba en la Generalitat, por ejemplo. Otras veces, cuando se trataba de un logro para la ciudad, había que «destacar» el papel que el alcalde/esa de turno había desempeñado. Desde luego, como periodista a veces no me sentía especialmente realizado, pero vamos, que no explico nada que no sepa cualquiera que haya trabajado en un departamento de prensa. Esto pasa en todas las administraciones, y es normal, siempre y cuando no se utilicen las herramientas de comunicación institucional para mentir. Garantizo que eso en Montcada no pasaba.

Pero sí pasaban otras cosas, probablemente no ilegales, pero sí poco éticas, y que «sospecho» que ocurren en muchos otros ayuntamientos y organismos públicos. Son cosas por las que hasta hace un tiempo nadie se indignaba, pero que ahora contribuyen a incrementar el clima de desprestigio hacia la política, la ‘desafección’ famosa.

Me voy a centrar en los llamados asesores de alcaldía, que entrarían en la categoría conocida como ‘personal de confianza’. Absolutamente legal, pero ¿ético? Sin duda, sí… siempre y cuando se les contrate en función de su valía profesional, no de los favores debidos. Personalmente, opino que esos cargos de confianza, que a menudo desarrollan tareas de responsabilidad, como puede ser el jefe de alcaldía o el de urbanismo, los deberían ocupar funcionarios que opositaran a la plaza en cuestión. En Montcada hay magníficos profesionales que habrían podido desempeñar esas funciones con total eficacia, pero lo que se hacía era traer a gente de fuera en algunos casos con un nivel profesional, como mínimo, cuestionable. La profesionalidad de algunos otros, desde luego, era indudable.

Curiosamente, los casos más «extraños» correspondían a los asesores de alcaldía. Los dos últimos clamaban al cielo por su absoluta incompetencia, que, de hecho, les llevó a ser destituidos prematuramente.

En verano de 2010 la actual alcaldesa, María Elena Pérez, sustituyó al veterano César Arrizabalaga, quien fue obligado a dejar el cargo por su partido tras haberse visto salpicado por la trama del caso Pretoria, del que, por cierto, no se sabe nada nuevo. Al poco de ocupar su cargo la nueva alcaldesa contrató a un asesor recomendado por las altas instancias «del partido» que la habían promocionado. La labor de este señor consistía en encerrarse en un despacho en la planta superior y pasar allí las horas. Se le despidió a los pocos meses, imagino que cuando el favor -en forma de unos jugosos miles de euros mensuales de sueldo- ya fue suficientemente agradecido. Nada ilegal, pero ¿ético?

En mayo de 2011 hubo elecciones municipales. El PSC presentaba a María Elena Pérez como candidata. Tras ganar las elecciones se reeditaba el pacto con CiU. A las pocas semanas contrataba a un nuevo asesor, «recomendado» desde Sabadell. Curiosamente, el mismo que había diseñado la campaña electoral y al que algunos meses antes el Ayuntamiento le había adjudicado -por un importe muy respetable- la campaña publicitaria ‘Montcada neta’, para potenciar el civismo en la vía pública, incluida en la contrata de la limpieza viaria y la recogida de basuras. Este profesional, con unas carencias competenciales alarmantes y que, por tanto, aún hacían sospechar más respecto al motivo de su contratación, acabó despedido sin llegar a cumplir un año en el cargo, imagino que, como en el caso de su antecesor, cuando el «favor» ya se había «agradecido» con creces. Todo legal, seguro, pero ¿ético? Definitivamente, NO.

Este es el problema de la política. Los casos que he relatado no son punibles judicialmente, porque es que además son prácticas extendidísimas en cualquier nivel de la administración. Siempre se ha aceptado que los ayuntamientos sean una oficina de empleo para amigos, familiares y compañeros del partido de turno, pero ahora la sociedad, por la situación de crisis que vivimos, ya no lo acepta tan alegremente. Los partidos políticos deben hacer una reflexión profunda al respecto y erradicar vicios y prácticas que, si insisten en ellas, les van a llevar al desastre. Y si la política cae en el descrédito absoluto, atención, porque se desacredita la propia democracia. Y eso no nos lo podemos permitir.