La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado que da un paso adelante en la intensidad de sus reivindicaciones y que a partir de ahora «señalará» y «perseguirá» a aquellos diputados que voten en contra de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que se debatirá el próximo martes en el Congreso gracias al casi millón y medio de firmas de apoyo conseguidas entre la ciudadanía.

Ya se han empezado a oír voces que acusan a su portavoz, Ada Colau, de estar incitando a la violencia y de que una acción de este tipo vulneraría los derechos como persona de esos diputados. Claro que sí. ¿Y los derechos de los cientos de personas desahuciadas cada día -condenadas a la miseria por esas entidades financieras que hemos salvado con nuestro dinero para que puedan continuar con su actividad especulativa-, dónde quedan esos derechos? ¿Quién los defiende? ¿Tienen que seguir agachando la cabeza y aguantando la situación porque es fruto de una crisis que, a la vista de los acontecimientos, parece consecuencia de la voluntad divina?

Ada Colau hizo el martes un discurso brillante ante la Comisión de Economía del Congreso. El vídeo de su comparecencia, que abre este artículo, ha corrido como la pólvora por las redes sociales y se han escrito montones de noticias en los medios de comunicación como consecuencia de sus palabras. Palabras sinceras, crudas, cargadas de razón, cargadas de la experiencia que otorgan siete años de lucha para intentar cambiar una situación profundamente injusta que sólo ahora, cuando el movimiento al que representa aparece día sí y día también en los medios, ha empezado a hacer reaccionar a los grandes partidos.

El PSOE se ha dado cuenta de que alinearse junto al PP y a los bancos en este asunto es un lastre más a su progresivo desplome y por fin parece haber decidido pasarse al bando del clamor popular. Más vale tarde que nunca. El PP, que recientemente aprobó un parche en forma de moratoria en la ejecución de los desahucios para los casos más desesperados, ahora, en cambio, cuando se trata de afrontar el problema en serio, avanza que hará valer su mayoría para rechazar la ILP. Una vez más defenderá los «derechos» de la banca, aunque sea a costa de la miseria de miles de familias. No sorprende a nadie, ¿verdad?

Se oye repetidamente que todos tenemos parte en el origen de la crisis, que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Hay gente que defiende que a nadie le pusieron una pistola en la sien para firmar hipotecas que eran un suicidio. Esto último es verdad. Pero es que muchas de las familias que están siendo desahuciadas, y que encima tendrán que seguir pagando la deuda sobre una propiedad que ya no poseen, en su momento no firmaron hipotecas «suicidas». Simplemente es que han perdido todos sus ingresos y no pueden pagar ni tan siquiera una deuda razonable.

La PAH no pide que se perdonen las hipotecas ni que la gente pueda seguir viviendo gratis en sus casas. Piden algo muy razonable: la dación en pago y la promoción del alquiler social. Que cuando alguien no pueda pagar su vivienda, su única vivienda, se le condone la deuda y se le permita seguir habitándola a cambio de un alquiler razonable. La alternativa -es decir, lo que está pasando actualmente- es que esa familia se quede en la calle, endeudada de por vida y condenada a la miseria; y la vivienda, vacía, en poder del banco de turno, sin que se le dé uso alguno.

El sistema es retorcidamente anticuado e injusto y los políticos tienen, por tanto, la obligación de cambiarlo. Es que no les queda otra alternativa. Los mismos bancos que no pusieron pistolas en la sien a nadie para que firmara hipotecas impagables, tasando inmuebles muy por encima del valor real, son los que ahora se los quitan de encima a mitad de precio o mucho menos y, si no, si los activos son de una «toxicidad» que ni pagando se los comprarían, los traspasan gratis al famoso «banco malo». Y, hala, aquí paz y después gloria.

Pensemos en lo descerebrado del sistema, que nos afecta a todos los que tenemos una hipoteca, incluso aunque podamos pagarla. El piso de turno lo compramos hace cinco, seis, ocho años a un precio 100 y, por tanto, formalizamos en su momento una hipoteca en relación a ese precio. Resulta que ahora esa propiedad, si la volvieran a tasar, ya no costaría 100, sino probablemente 60, 50, o incluso mucho menos. Y la cosa irá a peor, porque todos los expertos coinciden en que el precio de la vivienda va a continuar bajando. Pero seguimos pagando en base al precio manifiestamente irreal… ¿Nadie se plantea que quizás lo justo sería renegociar esa hipoteca adaptándola a la realidad? Claro que no, porque ello significaría el hundimiento del sistema. Del mismo sistema en el que seguimos vertiendo miles de millones de euros y que, a pesar de nuestra solidaridad infinita, continúa comportándose como un parásito.

La PAH va a incordiar a los diputados que sigan mostrándose ciegos y sordos ante la alarma social. Me parece perfecto. Ya está bien de seguir poniendo la otra mejilla. Dicen que no tienen por qué soportar tal acoso porque, como cargos electos que son, tienen derecho a estar a favor o en contra de cualquier cuestión que se trate en el Parlamento, y hay que respetar su postura. Bien, pero entonces tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Mostrarse insensible ante un tema tan grave no tiene excusa. No valen parches. No valen medidas de caridad. Hay que tratar la raíz del problema y buscar soluciones firmes y sólidas. En una democracia esas soluciones pasan por modificar las leyes que haga falta. Cerrar los ojos ante un millón y medio de firmas cargadas de razón es ponerse del lado de los poderosos. Es aceptar y legitimar que siga habiendo gente que se quita la vida presa de la desesperación. Es, como dice Ada Colau, ser responsable de actos criminales.