Sí, se puede. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pone en tela de juicio la legislación hipotecaria española significa un incontestable refrendo a la incansable y valiosísima labor en defensa de la justicia social que está llevando a cabo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Más allá de haber conseguido llevar a la primera página de la actualidad el drama humano que suponen los desahucios, incluso de haber logrado que el Parlamento se vea obligado a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para modificar las leyes y mecanismos que dan rienda suelta a las ejecuciones hipotecarias por parte de las entidades financieras, el éxito de la PAH radica en la demostración de que la movilización ciudadana tiene un poder real para cambiar las cosas. La unión de las personas en la defensa de un objetivo justo obliga a los políticos a escucharles y a actuar, aunque sea en contra de su voluntad inicial.

En este caso concreto, el inicio de un procedimiento judicial por parte de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell desahuciado al retrasarse en el pago de la hipoteca que firmara con Catalunya Caixa, ha desembocado en la sentencia del Tribunal europeo que obligará al Estado a modificar la Ley hipotecaria y que, desde ya, permite a los jueces suspender los procesos de desahucio de manera cautelar. Aziz denunció que su contrato hipotecario contenía cláusulas abusivas, y la pericia de su abogado, Dionisio Moreno, apelando a la Directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores -y es que una hipoteca no deja de ser un producto de consumo-, junto a la sensibilidad del juez José María Fernández Seijo, titular del Juzgado Mercantil nº3 de Barcelona, quien suspendió el procedimiento para plantear al tribunal europeo sus dudas respecto a la compatibilidad del Derecho español con el marco jurídico europeo, han hecho posible que desde ayer miles de familias recuperen la esperanza de que perder la casa no va a ser una condena para el resto de sus vidas.

El fallo concluye que la normativa española no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de paralizar un desahucio basándose en el carácter abusivo de una cláusula contractual. Por tanto, da facultad a los jueces de suspender los procedimientos de desahucio como medida cautelar en tanto que determinan si un contrato hipotecario contiene cláusulas consideradas abusivas. No debemos olvidar que la Directiva europea data de 1993. «Corresponde a los Estados miembros velar por que no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos», determina, y, en caso de duda, debería «prevalecer la interpretación más favorable al consumidor». Es evidente que esto no ha sido así, y eso que España tenía la obligación de adaptarse a la Directiva antes del 1 de enero de 1995. ¿Cuántas familias han perdido su casa sin opción de defensa y, encima, han tenido que apechugar con el 100% de la deuda más intereses? En los últimos cuatro años, 400.000.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguraron al poco de conocerse la sentencia que «cumpliremos lo que diga». En estos días se está tramitando el anteproyecto de ley de Deudores Hipotecarios, paralelamente a la ILP presentada por la PAH. El gobierno decidió pausar el proceso hasta conocer el fallo del Tribunal de Luxemburgo, consciente de que con toda probabilidad le iba a obligar a introducir cambios significativos. La oposición, arrastrada por la fuerza y la legitimidad social de la PAH, ya ha pedido al ejecutivo que decrete la suspensión inmediata de los desahucios y se suma a la reivindicación del movimiento ciudadano, que, además, incluye la dación en pago con carácter retroactivo y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras. La intención del gobierno, presionado por la banca (como anteriormente lo estuvo el ejecutivo socialista), es modificar lo estrictamente necesario de la ley. «La dación en pago con carácter general podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedir el acceso al crédito a miles de familias», dijo el miércoles el portavoz de la banca… digo, el presidente Rajoy.

Desde el sector financiero han acogido la sentencia europea con prudencia, conscientes de que la sociedad está muy sensibilizada con un tema que en los últimos meses ha llevado al suicidio a varias personas. Aunque esta tarde la Asociación Hipotecaria Española ha hecho público un comunicado en que advierte que «las propuestas de ampliación de los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria no han de servir, como se pudiera estar trasladando a la opinión pública, para ser un mecanismo de solución de desahucios». El texto defiende el funcionamiento del mercado hipotecario español y, en caso de que se demostrara de que ha habido prácticas abusivas, señala la corresponsabilidad necesaria de
notarios y registradores de la propiedad.

Las demandas de la PAH son muy sensatas. Ya está bien de andarse con remilgos y de seguir protegiendo a las entidades financieras. ¿Qué riesgo hay en impulsar medidas justas? ¿En procurar por una vez la protección del más débil? La dación en pago retroactiva, por ejemplo, no es más que posibilitar que aquellas personas que hayan sido desahuciadas de su única vivienda queden liberadas de la deuda hipotecaria que continúan arrastrando. «Hemos tenido una paciencia infinita. Esas son medidas de mínimos, imprescindibles para hacer borrón y cuenta nueva y que las familias afectadas puedan volver a empezar a reconstruir sus vidas después de haber sufrido este procedimiento atroz. Por tanto, estas medidas tienen que implementarse ya», declaraba la portavoz de la PAH, Ada Colau, una luchadora incansable y brillante, al poco de conocer el fallo del Tribunal de Justicia Europeo.

En este país se han estado, se están arrojando, cientos de miles de millones de euros al pozo sin fondo que son los bancos y cajas de ahorros. Dinero de todos los españoles, desahuciados incluidos, que están utilizando para proseguir con una actividad especulativa carente de toda sensibilidad humana. Es inmoral e indefendible por ningún ser humano con un mínimo de empatía que entidades nacionalizadas como Bankia y Catalunya Caixa sigan echando cada día a cientos de familias sin recursos de sus casas.

En las entidades financieras se han llevado a cabo auténticas tropelías, con el beneplácito del Banco de España y de los gobernantes de turno, que son las verdaderas razones que nos han llevado a la situación lamentable en que nos encontramos. Pues bien, habrá que ver si algún responsable de la dilapidación de tantísimo dinero acaba con sus huesos en la cárcel. La norma, por ahora, es que reciban indemnizaciones millonarias y el agradecimiento por los servicios prestados en forma de jugosa nueva colocación. «El gobierno ha estado no actuando a pesar de que disponía de toda la información encima de la mesa y de conocer la gravedad de la situación. Esa inacción debería tener algún tipo de responsabilidad política o judicial. No puede ser que exista esta impunidad», lamentaba Ada Colau esta mañana en una entrevista en Televisió de Catalunya.

No hace falta rebuscar mucho para encontrar declaraciones vergonzantes de máximos dirigentes políticos sobre la buena salud de las entidades bancarias españolas: «España quizá cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», aseguraba en septiembre de 2008 el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esa fortaleza del sistema financiero debía conducir al país a recuperar rápidamente la senda de su crecimiento potencial, afirmaba. Para llorar… Ahora el PSOE, hundido en el lodo del desprestigio social, se apresura a apuntarse al carro de la reivindicación. Más vale tarde que nunca.

Es el momento de intensificar la lucha. La sentencia europea carga de razones la reivindicación social respecto a los desahucios, pero hay que conseguir una modificación profunda de la Ley hipotecaria para que el triunfo de la justicia sea completo. Habrá que convencer a los reticentes. Sí, se puede.