Hace un año y medio me subí al Arctic Sunrise, uno de los buques insignia de Greenpeace. Publiqué un post sobre ello. También lo hice cuando la guardia costera rusa apresó el barco y a los treinta activistas que protestaban contra la perforación que la compañía petrolera Gazprom (asociada a Shell) había iniciado en aguas del Ártico. Así que ahora no podía dejar de denunciar el atropello, literal, que dos lanchas de la organización ecologista sufrieron el sábado por parte de la Armada española cuando realizaban una acción de protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol ha comenzado en aguas canarias, a unos 50 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Antes de continuar, ved el vídeo. No deja lugar a dudas.

 

Los gritos de la activista italiana arrojada al agua y herida por el ataque de las lanchas militares lo dicen todo. Afortunadamente, la joven se está recuperando en el hospital.

El gobierno español no reconoce desproporción alguna en la operación, sino todo lo contrario. “La Armada, cumpliendo una legítima orden del gobierno, impidió el asalto, el abordaje a un barco en alta mar”, afirma el ministro de Defensa, Pedro Morenés. “No solamente no entiendo las críticas sino que creo sinceramente que cuando se está en alta mar, con unas embarcaciones de la misma dimensión, con más embarcaciones por parte de los que intentaban abordar el barco que por parte de los que trataban de cumplir esa orden de que no se pusiese en riesgo la seguridad del barco en su propia operación, creo que es pura proporcionalidad”, añade.

Si habéis visto las imágenes, no hace falta comentar las declaraciones del ministro. Es del PP, tampoco cabía esperar otra cosa.

Para acabar, el tipo tiene la jeta de, tras lamentar que la activista italiana acabase herida, decir: “quienes sacaron del agua a esta persona fueron los representantes de la Armada y no precisamente los tripulantes de su embarcación”. Hombre, muchas gracias, señor ministro, es usted muy considerado. Esto es como si un cafre, después de pegarle un tiro a alguien que lo saluda por la calle, tiene la deferencia de preguntarle “¿estás bien?” y llevarlo al hospital.

La cosa no acaba aquí. El Ministerio de Fomento ha ordenado la inmovilización del Arctic Sunrise, que se encuentra retenido en el puerto de Arrecife, en Lanzarote, acusado de una infracción contra la ordenación del tráfico marítimo, tipificada como muy grave en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya sanción puede alcanzar los 300.000 euros. Además, el gobierno amenaza con iniciar un procedimiento penal contra Greenpeace en base al delito de piratería. Sí, habéis leído bien. “Queríamos denunciar una agresión ambiental que el gobierno está permitiendo. Denunciar el peligro que está trayendo Repsol a las aguas de las Islas Canarias. No íbamos a asaltar ni a robar el barco o secuestrar a nadie porque nos habíamos dejado la pata de palo, el parche y el gancho en el Caribe”, ironiza Julio Barea, responsable de campaña de la ONG.

Y la conclusión a todo esto es que una empresa privada, Repsol, está agujereando el fondo marino en uno de los santuarios de cetáceos más importantes del mundo, en busca de petróleo. Una empresa privada que cuenta, como no podía ser de otra forma, con el apoyo absoluto del gobierno español. Fijaos si la apoya, que le presta efectivos del ejército para “proteger” sus intereses o, más bien, para ahuyentar por la fuerza a quienes se oponen a este nuevo atentado contra el patrimonio natural y pretenden hacer visible esa oposición, que es, por otra parte, la de buena parte de la población canaria. La mayor parte de ella, me atrevo a decir.

Claro que eso tampoco lo vamos a poder saber a ciencia cierta, ya que este gobierno tan alérgico a la democracia que padecemos ha impedido la consulta ciudadana que el ejecutivo insular había convocado para el 23 de noviembre. ¿Cómo lo ha hecho? Muy previsible: utilizando la siempre socorrida carta del Tribunal Constitucional, que, como sucedió con la consulta catalana por la independencia, la ha suspendido hasta que resuelva sobre el caso. Dispone de cinco meses para ello.

Nada de lo que haga la organización criminal que ha usurpado la democracia en España me sorprende ya. No tienen respeto por nada más que los intereses de un puñado de poderosos. Desprecian los derechos humanos y maltratan nuestro patrimonio natural. Absolutamente todo es susceptible de quedar supeditado a los derechos económicos, no los nuestros, los de los mindundis, por supuesto que no, sino los de la aristocracia empresarial y financiera que hace y deshace a su antojo. Ya no nos permiten ni el derecho al pataleo.

Espero que las prospecciones se lleven a término sin accidentes. No quiero imaginar qué pasaría en caso de vertido. Aunque un concejal del PP en el ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, sí lo hace, y no precisamente en tono dramático: “En ese caso tendríamos que dar un trabajo de limpieza al 30% de nuestra población sin empleo y seguramente podríamos tener playas mucho más limpias que las que tenemos en este momento”, se despacha Roger Deing. Puro ADN pepero.